El lado oscuro del plan Colombia
Teo Ballvé, THE NATION, junio 2 de 2009
Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno de los comandantes paramilitares más sanguinarios en la larga guerra civil colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y su grupo armado son también en gran medida responsables de forzar a 4,3 millones de colombianos a la condición de refugiados internos, la mayor población de desplazados internos del mundo después de Sudán. En mayo de 2008, Macaco fue extraditado a los Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y "narcoterrorismo". Está a la espera de juicio en una cárcel en Washington , DC .
Macaco se entregó a las autoridades a finales de 2005 como parte de un programa de amnistía del gobierno que requiere que los comandantes paramilitares entreguen sus bienes mal habidos ‐ incluyendo las tierras obtenidas mediante el desplazamiento forzado. Macaco ofreció COPROAGROSUR como parte del acuerdo.
Sin embargo, la notificación de la Fiscalía General no menciona que COPROAGROSUR había recibido una subvención en 2004 Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). La subvención ‐pagada a través del Plan Colombia , el multimillonario paquete de ayuda de EE.UU. encaminado a luchar contra el tráfico de drogas ‐parece haber puesto dólares de la guerra contra las drogas en manos de un conocido narcotraficante paramilitar, en posible violación de las leyes federales. Los paramilitares de Colombia están en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado. La debida diligencia de USAID en el proceso "no falló", según una respuesta oficial de la embajada de los EE.UU. en Colombia , porque Macaco no aparecía oficialmente entre los propietarios de COPROAGROSUR.
Desde 2002, el Plan Colombia ha destinado cerca de $75 millones de dólares al año para programas de "desarrollo alternativo", como la producción de aceite de palma . Estos programas proporcionan fondos para asociaciones de agronegocios con campesinos tendientes a erradicar los cultivos de uso ilícito como la coca, utilizada para elaborar cocaína. Estos proyectos están concentrados en partes del norte de Colombia que fueron tierras azotadas por el desplazamiento masivo de campesinos.
Funcionarios de USAID dicen que los proyectos ofrecen una alternativa a la violencia relacionada con el tráfico de drogas en un país aterrorizado por la guerra. Insisten en que la agencia vigila con atención las actividades ilegales y que no ha subvencionado a los cultivos en tierras robadas. Sin embargo, un estudio de los documentos internos de la USAID, sus presentaciones institucionales y los informes de prensa plantea serias cuestiones acerca de la investigación de los antecedentes de los solicitantes, en particular, su aptitud para detectar sus vínculos con el narco‐paramilitarismo, crímenes violentos e incautaciones ilegales de tierras.
Además de los 161.000 dólares concedidos a COPROAGROSUR, USAID también concedió 650.000 dólares a GRADESA, una empresa de palma con dos acusados de paramilitares vinculados con narcotraficantes en su Junta Directiva. Una tercera empresa de palma , URAPALMA, también acusada de vínculos con paramilitares, casi obtiene la aprobación de una subvención antes de que su solicitud se estancara debido a la falta documentos. Los críticos dicen que este tipo de subvenciones contradicen la estrategia antidrogas del Plan Colombia.
"El Plan Colombia está luchando militarmente contra las drogas pero al mismo tiempo, da dinero para apoyar la palma , que es utilizada por las mafias paramilitares a blanquear dinero", dice el senador colombiano Gustavo Petro, una voz crítica de la industria de la palma . "Los Estados Unidos están subsidiando implícitamente a los traficantes de drogas."
El robo de tierras y el auge de los agrocombustibles
El Brigadier General Pauxelino Latorre condujo a un anciano agricultor a través de un laberinto de pasillos de concreto, pasando por una serie de rústicas habitaciones con vista a las plantaciones de banano y adentrándose en los cuarteles del ejército colombiano de la Brigada XVII en Carepa, localidad del noroeste de Colombia. Los soldados saludaban forzadamente en cuanto el general pasaba. El agricultor ‐ Enrique Petro ‐ pobre, con más de 60 años, arrastraba los pies pocos pasos atrás, tratando de evitar el contacto visual.
Comprensiblemente, Petro estaba ansioso. En repetidas ocasiones investigaciones penales han vinculado a la XVII Brigada con los grupos paramilitares ilegales que han asesinado brutalmente a miles, incluyendo el hermano de Petro y su hijo adolescente. Como se internaba más en los cuarteles, Petro tenía un sentimiento de aprensión. Latorre abrió una puerta en un edificio en la parte trasera de la base militar, donde Javier Daza, entonces Gerente de URAPALMA, estaba esperando. En el encuentro, Daza y el general llevaron la mayor parte de la conversación.
Era agosto de 2004. Unos días antes, Petro había denunciado ante el general que URAPALMA estaba sembrando palma de aceite en la tierra que los paramilitares le habían robado en 1997, en el cercano departamento del Chocó. En respuesta, el general había sugerido una reunión en la base militar, y Petro, suponiendo que tenía poco que perder, había aceptado. Al final del breve encuentro, dice Petro, Daza y Latorre lo intimidaron para legalizar la usurpación de sus tierras. Con la firma de Latorre en el contrato, en calidad de testigo, Petro perdió el 85 por ciento de su finca de 370 acres para que, casi cinco años después, todavía no haya recibido el magro pago estipulado.
Petro es uno de los afortunados; todavía está vivo. Según informes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales, URAPALMA ha reclamado ilegalmente más de 14.000 acres de las selvas tropicales en el Chocó ‐ tierra usurpada con ayuda de gente como Latorre y sus colaboradores paramilitares. Latorre, graduado de la academia de formación del Ejército de los EE.UU., conocida como la Escuela de las Américas, fue acusado el año pasado del lavado de millones de dólares para una red de narcotraficantes paramilitares, y los fiscales dicen que están investigando sus actividades como Comandante de la XVII Brigada. Otro general, Rito Alejo Del Río, quien dirigió la XVII Brigada en el momento del desplazamiento de Petro, está en la cárcel, acusado de colaborar con los paramilitares; él, también, recibió capacitación en la Escuela de las Américas.
Informes del gobierno, documentos legales y testimonios de grupos de derechos humanos demuestran que los paramilitares alimentados por el tráfico de drogas ‐ a menudo en cooperación con fondos militares de EE.UU. – han desplazado por la fuerza a miles de campesinos del Chocó a finales de 1990, matando a más de un centenar. Desde 2001 URAPALMA y una docena de otras empresas de palma han usurpado por lo menos 52.000 acres de las tierras despobladas en el Chocó, la mayoría de ellas tituladas colectivamente a los agricultores afrocolombianos como Petro.
El daño puede estar apenas comenzando. En 2005 el presidente colombiano, Álvaro Uribe, citando el incremento de los mercados de alimentos y agrocombustibles, instó al país a aumentar la producción de palma de 750.000 hectáreas a 15 millones de hectáreas ‐ un área del tamaño de Virginia Occidental. Los críticos señalan que muchas de las nuevas regiones de cultivo de palma presentan patrones del narcotráfico y la violencia paramilitar similar a la del Chocó, como las masacres y el desplazamiento forzado. Un informe de la organización internacional Human Rights Everywhere encontró crímenes violentos relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones ‐ todas las cuales entran dentro de la propuesta de Uribe. Casi todas estas regiones también han sido objeto de apoyo al cultivo de la palma por parte de USAID.
La agencia de EE.UU. administra el programa de desarrollo alternativo del Plan Colombia desde su sede en el complejo edificio de la Embajada de los EE.UU., en una de las congestionadas calles de Bogotá. Palma de aceite, o palma africana, es uno de los pocos cultivos subsidiados cuyos beneficios pueden igualar los de los cultivos de coca. Desde 2003, los contratos de desarrollo alternativo de USAID han proporcionado casi 20 millones de dólares a proyectos agroindustriales de palma aceitera en todo el país.
Casi la mitad del aceite de palma producido en Colombia se exporta cada año ‐en su mayoría a Europa, pero también a los Estados Unidos. El gobierno tiene ahora su mira puesta en el estancamiento del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, cuya aprobación por el Congreso ‐ considerado como probable, con el apoyo explícito del Presidente Obama ‐permitiría que el aceite de palma colombiano entrara libre de impuestos en los mercados de EE.UU. Aunque el aceite encuentra espacio en las importaciones de EE.UU. de productos alimenticios diversos, Colombia está invirtiendo en el creciente mercado de los agrocombustibles.
"Estamos en los albores de un nuevo desarrollo de la energía: la producción de biodiesel de palma africana", dijo el presidente Uribe en 2005, cuando anunció la iniciativa. Aproximadamente el país ha duplicado la superficie sembrada en palma desde 2001, año en el cual Colombia se convirtió en el cuarto mayor exportador de aceite de palma ‐, año en el cual llegaron también las empresas de palma al Chocó.
Los grupos de derechos humanos han acusado durante muchos años a las empresas de palma en Colombia ‐ URAPALMA en particular ‐ de cultivarla en tierras robadas. Jens Mesa, presidente de FEDEPALMA, Federación Nacional de Cultivadores de Palma , dice que estas acusaciones son totalmente exageradas. Mesa se queja de que en el Chocó las empresas, que no están en la Federación, son excepciones que han estigmatizado injustamente a la industria.
No obstante, la Bancada Negra del Congreso ha expresado con frecuencia su preocupación por la industria de la palma , que se concentra en zonas con grandes poblaciones Afrocolombianas, en la administración de Uribe. Preocupado de que el Congreso retenga fondos del Plan Colombia o bloquee el Tratado de Libre Comercio, el gobierno colombiano ha comenzado a tomar más en serio estas acusaciones. A finales de 2007, el Fiscal General Mario Iguarán anunció una investigación sobre las denuncias de que veintitrés representantes de empresas de palma en el Chocó, incluyendo URAPALMA, colaboró con los paramilitares para apoderarse de tierras de propiedad comunitaria. Aproximadamente al mismo tiempo, el senador Patrick Leahy adjunta una enmienda a los fondos del Plan Colombia , que prohíbe la financiación de proyectos de palma que "causen el desplazamiento forzado de la población local". En breve el Congreso debatirá la financiación del Plan Colombia para el año 2010, el primer presupuesto de ayuda internacional elaborado por el equipo de Obama. En el borrador actual del proyecto de ley, la enmienda Leahy está marcada para ser eliminada.
Sean Jones, hasta mediados de mayo Director de USAID para el desarrollo alternativo en Colombia , reconoce que la industria del aceite de palma en el país tiene "dos caras". Una de ellas es las empresas respetuosas de la ley, dice, pero "hay este feo rostro de la palma africana, también, donde usted tiene algunos jugadores muy desagradables."
Paramilitares y “la violencia”
Incluso en Colombia , con su enorme diversidad geográfica y cultural, el selvático departamento del Chocó es considerado exótico. Las selvas húmedas tropicales del Chocó, ubicadas en la esquina noroeste del país en donde América del Sur se une a Panamá, se encuentran entre las más biodiversas del planeta. La mayoría de los colombianos aún ven al Chocó como un lugar sin importancia pero violentamente disputado. Lluvias torrenciales nutren bajas cadenas montañosas, que a su vez alimentan cientos de ríos y ciénagas que se extienden a través del paisaje como venas. La mayoría de estas corrientes de agua desembocan en el gran río Atrato, que serpentea hacia el norte a través de la selva hasta que por su delta desemboca en el mar Caribe. Los lugareños llaman a esta zona Urabá.
Los agricultores de Urabá más afectados por los negocios de la palma viven cerca de dos exuberante afluentes: el Curvaradó y Jiguamiandó. En el 2000 la entidad gubernamental para el desarrollo rural, INCODER, otorgó títulos colectivos por 250.000 acres en la región para las comunidades de descendientes de esclavos negros, que, en virtud de la Constitución de Colombia, gozan de los mismos derechos territoriales que los pueblos indígenas.
Pero el gobierno, en un esfuerzo para atraer a inversionistas extranjeros, ha catalogado a Urabá como "la mejor esquina de América". Y en los últimos años, las empresas de palma han tomado más del 20 por ciento de la tierra de las cuencas de los dos ríos ‐ la parte del territorio más habitable y apta para la agricultura.
A finales de los 80 esta parte de Colombia se convirtió en una base para los grupos paramilitares, o ’paras ", fundados por tres hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos, que vinieron desde las filas del tristemente célebre cartel de Medellín de Pablo Escobar. Los Castaño recibieron generoso apoyo logístico y financiero de empresarios, terratenientes, narcotraficantes y miembros del ejército. Colaboraron estrechamente con los militares colombianos en la guerra sucia contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en un informe de 2001 de Human Rights Watch son catalogados como la "sexta división" del ejército. Alimentados por un celoso anticomunismo, los señores de la guerra, como los Castaño, sacrificaron a miles de inocentes acusándolos de albergar simpatías por la guerrilla.
A mediados de los años 90, muestran los informes de derechos humanos, los paras enfocaron su violencia hacia un objetivo económico: la adquisición de tierras y empresas, eliminando opositores y protegiendo su actividad más lucrativa, el tráfico de drogas. Los Castaño y sus aliados se convirtieron en indiscutibles barones de la cocaína en Colombia , obteniendo los primeros lugares en las listas de los más buscados por el gobierno de los EE.UU. Los señores de la guerra comenzaron una marcha sangrienta en Urabá.
En primer lugar, aparecieron panfletos advirtiendo a todos los colaboradores de la guerrilla que debían irse, y las ciudades fueron invadidas con grafiti paramilitares. Uriel Tuberquia, uno de campesinos vecinos de Enrique Petro, relata que en los meses anteriores a la llegada de los paras, circularon en la comunidad rumores de que los mochacabezas (decapitadores) venían, una referencia a la horripilante forma como los paramilitares desembraban los cuerpos de sus víctimas.
Cuando finalmente los paras llegaron, mataron al papá de los Tuberquia mientras cuidaba su ganado. "Le dispararon por la espalda, desde lejos", dice Uriel, mirando hacia los campos de palma . "Mi padre nunca tuvo un entierro digno. Simplemente lo enterraron por ahí, en algún lugar, debajo de toda esa palma ."
En octubre de 1996 los paras tuvieron una fiesta macabra de entrada al Chocó, con el asesinato de ocho campesinos en el pequeño caserío de Brisas en el río Curvaradó, a una hora a pie de la finca de Petro. Lo que siguió fue un crescendo de terror, que los lugareños simplemente llaman la violencia. En febrero de 1997 los militares, respaldados ese año con $ 87 millones de dólares de apoyo de EE.UU., se asociaron con su "sexta división" para golpear el norte de Chocó. Helicópteros del ejército y aviones de combate lanzaron bombas y dispararon armas de fuego de alto calibre sobre las comunidades de la selva, mientras que los paras venían "limpiado" detrás de ellos. Retenes militares y paramilitares se multiplicaron por toda la región. Grupos internacionales de derechos humanos documentaron las matanzas , torturas, asesinatos y violaciones. Los paramilitares remataron el año asesinando a treinta y un campesinos una semana antes de Navidad.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las ofensivas de 1997 obligaron a alrededor de 17.000 personas a abandonar sus hogares. Sólo en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó 140 campesinos han sido reportados como muertos o desaparecidos, sino todos al menos cuatro por soldados o paramilitares. En 1997, Petro ya había perdido a su hermano y sus dos hijos por la violencia ‐ uno asesinado por las FARC. Los paramilitares en varias ocasiones lo amenazaron con asesinarlo si no se iba de su finca. Trató de permanecer, pero al ver que los otros se iban Petro abandonó la tierra.
"Dijeron que habían venido acá para desterrar a la guerrilla", recuerda Petro, "pero fue a nosotros, los campesinos, a quienes desterraron". En las entrevistas, varios sobrevivientes me dicen que cuando comenzó la violencia, los paras llegaron a sus fincas con la misma escalofriante oferta: "Véndanos su tierra o negociaremos con su viuda."
En el 2001, cuando los paras proclamaron que habían adquirido el control definitivo de Urabá, Petro y los demás campesinos se dispersaron. Algunos se escondieron en la selva, otros abandonaron totalmente el Chocó. Aunque los paras les impedían visitar sus fincas, los campesinos escucharon rumores de que sus tierras estaban siendo sembradas con palma .
Gustavo Duncan, un analista de seguridad de la Universidad de los Andes, en Bogotá, dice que la inclinación de los paramilitares hacia la palma fue una obvia decisión de negocios:" la palma era una manera perfecta de consolidar su control social y militar sobre un territorio y la inversión del capital acumulado de las drogas en un negocio rentable". Según una declaración juramentada de un ex empleado que URAPALMA quien coopera con la investigación la fiscalía, el puente principal entre los Castaño y los inversionistas era Hernán Gómez, uno de los primeros mentores ideológicos de los hermanos Castaño y esposo de la actual Gerente de URAPALMA. La declaración afirma que Gómez, quien no respondió varias llamadas a su casa, ayudó a los Castaño a contractar narcos ricos con experiencia en negocios de palma para invertir en URAPALMA.
Como los campesinos empezaron, individualmente y en forma dispersa, a regresar a sus hogares después del 2001, muchos encontraron sus tierras arrasadas y sembradas de árboles jóvenes de palma . Empresas como URAPALMA había colocado carteles en la tierra con grandes letras mayúsculas: PROPIEDAD PRIVADA. La presencia permanente de paramilitares aterrorizaban la zona.
Petro pasó cinco años sin ver su finca, tomando refugio en la cercana localidad de Bajirá. Regresó sólo en el 2002, y la vista fue devastadora. "Todo el trabajo de mi juventud había desaparecido", dice. "Ciento diez cabezas de ganado, nueve caballos, mi esposa tenía toneladas de pollos, cerdos... todo se ha perdido." URAPALMA había arado pastizales para sembrar palma . Un año después de su llegada, dice, poco después de comenzar a trabajar su tierra de nuevo, "los paramilitares llegaron a matarme". Petro había salido a la ciudad por la mañana, y así eludió el peligro. Pero al volver encontró su casa saqueada y llena de grafiti. Las consignas de los paras son todavía visibles en las paredes de su casa en ruinas.
USAID y URAPALMA.
Tres meses después de los paras haber destrozado la casa de Petro, URAPALMA presentó una solicitud de subvención a las oficinas de Bogotá de ARD Inc., contratista con treinta años de experiencia en desarrollo rural con sede en Burlington, Vermont, con oficinas en cuarenta y tres países. En su sitio web, ARD se describe a sí misma como guiada por "los ideales de Vermont de liderazgo en los asuntos ambientales y la participación local en el gobierno." USAID, una importante fuente de ingresos para ARD, tiene 330 millones de dólares en contratos activos con la empresa.
En enero de 2003, ARD empezó a administrar $ 41,5 millones de dólares del Programa de Agronegocios (CAPP) de USAID para Colombia . URAPALMA fue una de las primeras empresas de palma en enviar una solicitud; Macaco, vinculado a COPROAGROSUR recibió sus $ 161.000 dólares de donación al año siguiente (un tercio de los cuales fue devuelto, no utilizado). Informes trimestrales de ARD muestran que URAPALMA había solicitado $ 700.000 dólares en financiamiento para cubrir la siembra de palma de unas 5.000 hectáreas en Urabá ‐ el epicentro de la tierra robada. La solicitud de subvención comenzó a seguir su curso a través del proceso de ARD.
Funcionarios de USAID se refieren al proyecto propuesto por URAPALMA como una "alianza estratégica" y suelen llamar a esos esfuerzos como "impulsados por la comunidad." "Sin nuestro apoyo", dijo un funcionario de la embajada, "los agricultores tendrían una menor capacidad para negociar alianzas libres con los industriales." Sin embargo, de acuerdo a los documentos de la investigación de 2007 de la fiscalía de Colombia, obtenidos por el Fondo de Investigación del Instituto La Nación, las empresas de palma en el Chocó crean estas asociaciones para legitimar las adquisiciones ilegales de tierras después de los hechos ‐ a menudo a través del fraude y la coacción.
Los expedientes de la investigación incluyen una declaración jurada por Pedro Camilo Torres, un antiguo empleado de URAPALMA, quien desde 1999 a 2007 manejó las solicitudes de préstamo de la empresa, incluida la propuesta de donación de USAID. Su declaración juramentada acusa a URAPALMA de crear un "frente" de organizaciones campesinas para garantizar falsos títulos de tierras y el acceso a los fondos públicos.
El más notorio caso de fraude implica a Lino Antonio Díaz Almario, quien presuntamente en 2000 adquirió 14.645 acres ‐ una fortuna imposible para un campesino pobre ‐ y de inmediato vendió esas tierras a la Asociación de Pequeños Productores de Aceite de Palma de Urabá, organización creada por URAPALMA. Pero Díaz había muerto desde 1995, cuando se ahogó en el Jiguamiandó.
El proyecto URAPALMA propuesto a USAID, que se resume en un informe de ARD, hace referencia a "Asociaciones Afrocolombianas". Según la declaración juramentada de Torres y los testigos citados por la fiscalía, todas las organizaciones campesinas de URAPALMA fueron creadas por Teresa Gómez, a quien el Departamento del Tesoro de los EE.UU. identifica como la "directora financiera" de la gran federación narco‐paramilitar de los Castaños. Ella lideró, al menos, otras dos organizaciones no gubernamentales afiliadas a los paramilitares y es buscada por el asesinato de un líder campesino en el departamento de Córdoba que había reclamado las tierras usurpadas por los Castaño. Las llamadas telefónicas y los mensajes dejados durante meses al personal directivo de URAPALMA no fueron devueltos.
URAPALMA nunca recibió el dinero de las subvenciones en cuestión, un resultado que Susan Reichle, directora de la misión de USAID en Colombia, dice que reivindica el "debido proceso" de la agencia. Reichle sostiene que su equipo ha elaborado un "protocolo de la tierra y todo un proceso para garantizar realmente, en la medida de nuestras capacidades y a través de varias etapas de investigación, que esta tierra es una tierra limpia". Pero, admite, "lamentablemente, le gustaría decir que esto es al ciento por ciento ‐pero usted nunca lo va a estar". Sean Jones, que se convirtió en jefe de USAID para programas de desarrollo alternativo en Colombia en 2006, contradice a Reichle, señalando que la solicitud de URAPALMA se estancó porque la empresa no presentó la documentación sobre los títulos de propiedad.
Según los informes trimestrales de la CAPP, un "comité de estudio de proyectos" conjunto de USAID ‐ ARD había avanzado en la propuesta URAPALMA hasta la penúltima etapa del proceso ‐ el último paso antes de otorgar dinero ‐en enero de 2005. Roberto Albornoz, quien ha dirigido el programa de agronegocios de ARD en Colombia desde el inicio del contrato con USAID, dice que su personal llevó a cabo el debido proceso, pero nunca se encontró evidencia de actividades sospechosas. Confirma que el proyecto quedó "en suspenso" en abril de 2005 solamente después de que URAPALMA no presentó los títulos de propiedad. Albornoz dice que su personal no tuvo conocimiento del cuestionable pasado de URAPALMA hasta que conocieron un artículo publicado en una revista cinco meses después de que la propuesta quedó en suspenso. Indagado sobre las razones por las cuales las investigaciones de ARD no sospecharon de las actividades ilegales de la empresa, hace eco de Jones: "Las denuncias en torno a URAPALMA no aparecían en la prensa en ese momento."
Pero el desplazamiento forzado y las masacres en Urabá eran de conocimiento público. En julio de 2003, un mes antes de la solicitud URAPALMA a USAID, el diario nacional El Tiempo informó de que "los proyectos de palma africana en el sur de la región bananera de Urabá están salpicados con la sangre, la miseria y la corrupción." El Washington Post recoge la historia dos meses más tarde.
En comunicaciones desclasificadas de la Embajada de los EE.UU., funcionarios de EE.UU. en Bogotá prendieron la alarma acerca del total dominio paramilitar en Urabá desde 1996. Un cable de ese año dice: "Los Castaño se han beneficiado enormemente de sus actividades, según se informa han adquirido miles de acres de tierra en el norte de Colombia ". El cable se refiere al aumento del control de los paramilitares en regiones enteras y se menciona específicamente a Urabá.
En 2003, cinco meses antes de la solicitud de subvención de URAPALMA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sindicó a URAPALMA de connivencia con el paramilitarismo en Urabá: "Desde 2001, la empresa URAPALMA S.A. ha iniciado el cultivo de la palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de los territorios colectivos de estas comunidades, con la ayuda de ‘la protección armada perimetral y concéntrica de la Decimoséptima Brigada del Ejército y civiles armados’" ‐ es decir, paras. Los soldados y los paras realizaron incursiones armadas, concluye la Corte, para "intimidar" a las comunidades a "unirse a la producción de aceite de palma o evacuar".
Albornoz dice que el estudio de solicitudes de ARD hace referencias cruzadas con los registros de las bases de datos de los gobiernos de Colombia y EE.UU. de personas vinculadas al narcotráfico. Pero la empresa tenía vínculos evidentes con el narcotráfico: en sus documentos de registro, URAPALMA relaciona como inversionistas fundadores a dos hermanos de la familia Zúñiga Caballero, a la cual las autoridades colombianas la sindican de ser un clan conectado con los paramilitares y con vínculos con los carteles de la droga de Medellín y Cali.
Cientos de Miles de Dólares
Mientras USAID eventualmente estudiaba la propuesta URAPALMA, otorgó una subvención a COPROAGROSUR, la empresa entregada por Macaco, y otro a GRADESA, que refina el aceite de palma para el consumo interno y la exportación ‐ en gran parte a los Estados Unidos. Según informes de ARD y documentos de USAID, la agencia otorgó una subvención a GRADESA para un proyecto en Belén de Bajirá, Chocó, municipio que es el hogar de URAPALMA ‐ y de la tierra de la antigua finca de Enrique Petro. USAID aparece apoyando la participación de GRADESA en la refinación del aceite de palma de campos de muerte del Chocó.
USAID insiste en que nunca ha financiado un proyecto de palma en el Chocó. Representantes de USAID, GRADESA y ARD niegan que el proyecto de GRADESA se realizara en Belén de Bajirá, a pesar de tres años de mención de la ciudad en los documentos internos y públicos. Representantes de USAID dice que la localidad se menciona erróneamente toda vez que GRADESA la introdujo equivocadamente en un informe de gestión. "El error pasó inadvertido," explica el encargado de prensa de USAID en un correo electrónico "porque nuestro principal interés se centra en la información relativa a hectáreas, las familias, el empleo y el presupuesto invertido."
En cualquier caso, en el momento en que USAID otorgó $ 257.000 dólares a GRADESA concedidos el 19 de diciembre de 2003, los archivos de la empresa muestran que los mismos dos hermanos Zúñiga que habían invertido en URAPALMA, Antonio y Carlos, también se sentaban en la Junta Directiva de GRADESA. (Carlos aparece en una lista de narcotraficantes del gobierno colombiano en 1987). En marzo de 2005, Fiscal General de Colombia anunció que había evaluando la participación de los Zúñiga en la empresa y presentó cargos criminales contra los hermanos por el uso de GRADESA para blanquear dinero del narcotráfico. De acuerdo con un oficial de narcóticos de Colombia, la participación era del 50 por ciento; una reciente entrevista con el Gerente de GRADESA reveló que los hermanos tenían esa participación accionaria desde principios del decenio de 1990, mucho antes de la subvención de USAID. El caso está ahora haciendo un lento camino a través de los tribunales colombianos, y es el quinto intento por imputarles cargos por lavado de activo a los Zúñiga.
A pesar de esta acción legal pendiente, USAID aprobó una segunda subvención a GRADESA en 2007, esta vez por $ 400,000 ‐ dinero de un nuevo período de cinco años por $ 182 millones de contrato con ARD. En una respuesta por escrito, un funcionario de la embajada de EE.UU. dice que toda vez que USAID no ha recibido ninguna notificación formal de la causa contra los Zúñiga, "no había manera que USAID pudiera haber sido consciente de la relación entre GRADESA y la investigación contra los Zúñiga". El funcionario dijo que "no se han levantado banderas rojas" en el proceso de análisis de la segunda subvención para GRADESA y que, como los Zúñiga ya no eran "accionistas, inversionistas o directivos" no califican como "beneficiarios".
Desplazamiento permanente.
La vida no ha mejorado mucho para Petro o sus compañeros desplazados. En abril, el gobierno devolvió 3.200 acres ‐ sólo el 6 por ciento de las tierras robadas ‐ a algunos campesinos a lo largo del río Curvaradó. Doce años después de que se vieron obligados a huir, el resto siguen desplazados. El gobierno dice que está presionando a las empresas de palma para que devuelvan el resto de las tierras voluntariamente, pero los lugareños han escuchado antes esas promesas. Mientras tanto, las empresas están transportando los racimos de palma en camión. Petro tiene sólo una fracción de su finca, parte de la cual se convirtió en una improvisada "zona humanitaria", un asentamiento de chozas de madera llamado Caño Claro, con cerca de una docena de las familias desplazadas.
Más de 2.500 personas siguen por fuera de un puñado de estas zonas humanitarias, pequeños puntos en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, y que no gozan de reconocimiento legal por el gobierno. En algunos casos, lo único que separa a estos desplazados de sus antiguas fincas ahora cubiertas de palma es un camino de tierra patrullado por paramilitares, ahora vestidos de civil, y soldados del ejército. Los niños corren alrededor de los asentamientos con sus vientres hinchados por desnutrición y enfermedad, pues sus familias fueron arrancadas de su fuente de subsistencia. De otro lado, las represalias y amenazas violentas hacia los que exigen la devolución de sus tierras han aumentado.
Un día, el pasado mes de octubre, el líder campesino Walberto Hoyos fue asesinado a tiros cerca del río Curvaradó, su cuello y su cara llena de balazos por un pistolero paramilitar. A la mañana siguiente, los habitantes de Urabá se despertaron para encontrar a sus ciudades plagadas de grafiti y panfletos anunciando la formación de un nuevo grupo paramilitar, una escalofriante repetición de los acontecimientos que condujeron a la violencia.
Traducido por el Observatorio Social sobre Etnodesarrollo, Conflicto Armado y Desplazamiento en el Chocó.
LAS LUCHAS DE LOS OBREROS DEL CARBÓN, RESISTENCIAS PARA EMULAR
GUSTAVO TRIANA SUAREZ, Segundo Vicepresidente de la CUT, Bogotá, mayo 22 de 2009
En ejemplar actitud, los obreros del carbón de los departamentos de Cesar y La Guajira han asumido la resistencia contra la sobreexplotación de las multinacionales Drummond, Billinton BH, Glencore, Xtrata y Angloamerican en procura de hacer valer los derechos de asociación y contratación. Bajo la dirección de los sindicatos Sintraminergética, Sintraime, Sintracarbón y en estrecha coordinación con Funtraenergética y las subdirectivas de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, de Cesar, La Guajira y Magdalena, se adelanta la tarea de organizar a los trabajadores de las bolsas de empleo, las firmas contratistas, de outsorcing y de servicios que laboran para las multinacionales y cuyo número se acerca a los diez mil compañeros, frente a tan solo siete mil amparados por las diferentes convenciones colectivas.
Aparte del saqueo ignominioso de nuestras riquezas naturales, las multinacionales con la complicidad del gobierno de Álvaro Uribe, explotan la mano de obra de los colombianos en condiciones de trabajo semejantes a las de principios del siglo pasado, cuando la United Fruit, la Troco y los gobiernos oligárquicos tuvieron que retroceder ante la resistencia patriótica de los obreros del banano y el petróleo, que condujo a la conquista del reconocimiento de los derechos de asociación y negociación, hoy amenazados por las políticas neoliberales que se han impuesto en los últimos veinte años por dictamen del imperialismo.
Los esfuerzos de lucha y organización que más adelante reseñamos, deben ser la conducta a emular por el todo el movimiento sindical colombiano, como el único camino que conducirá a recobrar los derechos conculcados. La clase obrera se esta poniendo no sólo al frente de la lucha por sus propias reivindicaciones, sino que encabeza la batalla por conquistar la soberanía nacional y establecer un gobierno democrático que represente los intereses de todas las clases que han sido afectadas por la dominación de los Estados Unidos sobre nuestro país. Así lo corrobora entre otros ejemplos, la lucha de las centrales obreras contra los tratados de libre comercio y contra las pretensiones reeleccionistas del uribismo.
Los trabajadores con contrato temporal de la empresa Carbograneles, que embarca el carbón en el puerto de Santa Marta, fundaron un sindicato y tras una larga huelga ganaron su reconocimiento y firmaron convención colectiva de trabajo. También cerca de 400 trabajadores de los casinos que suministran alimentación en las minas que explota Drummond, mayoritariamente mujeres, paralizaron sus labores durante quince días, fundaron una subdirectiva de Sinaltrainal, lograron sustanciales mejoras en las condiciones de trabajo y actualmente negocian un pliego de peticiones. Los más de 500 compañeros conductores y de mantenimiento que laboran para la empresa contratista Sotrans, que transporta el personal del consorcio El Cerrejón, se organizaron sindicalmente y están en el proceso de presentar pliego de peticiones con la asesoría y respaldo de Sintracarbón.
Los obreros que realizan el mantenimiento de la línea férrea de la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco S.A., concesionaria de la infraestructura de propiedad de la empresa estatal Ferrovías y cuyos dueños son Drummond y Glencore, constituyeron una subdirectiva de Sintraime, presentaron pliego y se fueron a la huelga ante el vencimiento de los términos de negociación, sin que Fenoco atendiera a la comisión negociadora. Los huelguistas resistieron durante 17 días con el apoyo de la población de los municipios de Fundación, Aracataca y Bosconia, hasta cuando, con la aprobación de los ministros de Protección Social y del Interior, se desalojó violentamente a los trabajadores de las instalaciones, se detuvo arbitrariamente a seis de sus dirigentes y se restableció el flujo de los trenes carboneros, pasando por encima de la Constitución Política y las leyes laborales, pues el Tribunal Laboral de Valledupar declaró que la huelga era legal. Los trabajadores se reintegraron a sus labores, los detenidos recobraron la libertad y el proceso de ilegalidad y reconocimiento del pliego de peticiones hoy está en la instancia de la Corte Suprema de Justicia, pero a todas luces al sindicato y a los trabajadores les asisten todas las razones y la legalidad.
Tan valiosa actividad de nuestros sindicatos filiales se tropieza con el esquirolaje de organizaciones sindicales patronales que se prestan para romper las huelgas y para hacer proselitismo a favor de las multinacionales y el gobierno, como son Sintradrummond y Sintravifer (Fenoco), sindicatos minoritarios que no reúne cada uno, los cien afiliados y que despliegan una campaña calumniosa y divisionista contra las instituciones mayoritarias. Hacemos un llamado fraternal a la Confederación General del Trabajo CGT, central a la cual pertenecen dichas organizaciones, para que las reconvenga y se ponga fin a estas conductas que estamos seguros no cuentan con el aval de la dirección de la CGT y están causando gran perjuicio a la loable lucha de los proletarios de la gran minería.
Los “falsos positivos” de
Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, mayo 12 de 2009
Las noticias del mercado del café dan la sensación que, mientras el mundo financiero se derrumba, todo allí se desenvuelve en sentido contrario. Está inclusive por fuera de toda comparación con la crisis de 1929, referente obligado de los actuales quebrantos económicos, si se tiene en cuenta que la libra de café se cotiza en Estados Unidos casi a dos dólares, muy cerca de un galón de gasolina, mientras en el gran crac descendió hasta cuatro centavos. Con base en eso, recibir más de 800 mil pesos por una carga de café parece hacer realidad el sueño centenario de los caficultores; no obstante, la vida en las zonas cafeteras esta lejos de tanto relumbrón.
La cosecha actual se ha menguado a 10,5 millones de sacos, la más baja en lo corrido del siglo, igual a la de 2000, y menor que la de 1997. La reducción es de un 30%-40% en el Eje Cafetero, de un 60% en Huila y el suroeste antioqueño y de un porcentaje similar en el sur del Tolima y el norte del Valle. Si bien muchos atribuyen esa merma a la renovación de siembras, éstas son apenas un poco superiores a los niveles históricos. La causa principal es la falta de uso de los fertilizantes debido a sus inalcanzables precios, lo que ha hecho que la resistencia de los cultivos al invierno y a la mayor presencia de roya y broca se debilite. Del fertilizante, Triple 15, por ejemplo, se podían comprar 478 kilos, en octubre de 2005, con el equivalente de una carga de café cuando el precio era de $430.254. Ahora, cuando se ha duplicado, a más de 800 mil pesos, no alcanzan a comprarse siquiera 450 kilos. Las autoridades cafeteras han desoído las continuas demandas de los productores exigiendo el control de los insumos.
Así mismo, resultan insólitos los anuncios de
Con el lema “
Últimamente, se acusa a
“TLC ENTRE COLOMBIA Y
RECALCA, Bogotá, mayo 5 de 2009
Así se desprende de los análisis hechos por
La conclusión corresponde a cinco estudios elaborados por RECALCA y dos por
Ante la negativa gubernamental por elaborar estudios de impacto de este TLC con Europa y el rechazo en crear mecanismos de participación para la sociedad civil, diversas organizaciones sociales se han dado a la tarea de analizar sus consecuencias.
Los estudios de Recalca toman cinco casos en que las multinacionales europeas han actuado en contra del patrimonio público. Son ellos: la española Endesa en la privatización de
El diagnóstico general de los estudios de Recalca es que la presencia del capital europeo en los sectores más importantes para el progreso del país “ha significado la pérdida de valiosos patrimonios públicos, trayendo como consecuencia menos ingresos para el Estado, mayores tarifas en servicios públicos para los usuarios, descapitalización de las empresas que han adquirido, enormes sobrecostos en los proyectos donde están involucrados, incrementos inmensos de la deuda externa pública, despojo y explotación voraz en vastos territorios del país, un impacto ambiental irremediable y nefastas consecuencias sociales y económicas”.
TLC CON EUROPA SIN ACCESO REAL PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS
El otro estudio presentado por
Para completar, los productores colombianos deberán enfrentarse a los enormes subsidios otorgados en
INVERSIÓN EXTRANJERA Y SERVICIOS, BAJO EL CONTROL EUROPEO
El TLC con
La inversión en servicios de
Los negociadores han manifestado que el ámbito para la inversión extranjera incluye todas las actividades económicas de la nación, excepto el tema de seguridad y desechos tóxicos, es decir, incluye también el tema de la educación, la biodiversidad y la salud.
PRECIOS DE MEDICAMENTOS SE INCREMENTARÁN EN US$ 386 MILLONES
La cifra es el resultado del estudio elaborado por
Los resultados de estos estudios serán presentados en Bogotá este jueves 7 de mayo -paralelo a
Por la construcción del mas amplio Frente en defensa de
Aquí estamos, a qui estamos compañeros junto a los obreros, trabajadores, maestros, sindicalistas, campesinos y todos aquellos que desde hace mas de 20 años venimos viviendo las políticas de apertura, privatización, maltrato laboral, donde los colombianos hemos perdido lo que conseguimos durante mas de 150 años, auque las conquistas alcanzadas el siglo pasado, le significaba a los trabajadores ciertas leyes que de alguna u otra manera le permitía el ingreso y ejercicios de los derechos democráticos de la clase obrera, las reformas implementadas durante estos veinte años, lograron lo que siempre han soñado las clases dominantes: acabar los sindicatos, impedir la organización gremial, evitar la negociación colectiva, imposibilitar el derecho a la movilización, el paro y la huelga, cercenar el derecho a la protesta, rebajar los salarios, descargar el peso de la crisis financiera mundial aumentando la presión sobre los ingresos salariales y someter a los trabajadores, no sólo gremial, sino lo que es más grave, políticamente.
Y aunque la resistencia civil de los trabajadores ha sido valerosa y amplia, la verdad es que haciendo uso de la represión estatal y criminalizando organizaciones y dirigentes, la gran oligarquía y el imperialismo norteamericano, han logrado silenciar muchas voces y sostener la mentira de que en Colombia existen libertades sindicales y derechos para los trabajadores.
Como estudiantes de universidad, y como hijos de la clase trabajadora del departamento y de Colombia, sentimos todas estas medidas de privatización, y vemos como se ha intensificado especialmente durante el régimen de Uribe, quien ha cumplido la tarea al pie de la línea de lo que dice Washington, terminando de entregar nuestro bien mas preciado que es la soberanía nacional, económica.
Mientras tanto las reformas en la universidad pública, son aplicadas de las maneras más antidemocráticas, y pasando por encima de los interés del estudiantado y de los profesores, para ponerla al servicio de la mano de obra barata que requiere el país, y así terminar por ser un país al servicio del mundo globalizado que hoy se esta cayendo en una crisis sin precedentes. Como si fuera poco ante la crisis que viven las universidades, derivada del desmonte de la financiación estatal, la violación de la autonomía universitaria, el deterioro de la calidad y el continuo recorte de los derechos democráticos de estudiantes, trabajadores y profesores, es urgente crear el mas amplio frente de unidad entorno a la defensa de
La actual campaña de macartismo contra el movimiento universitario y estudiantil llamándonos terroristas por defender el derecho a una educación publica y de calidad que sea financiada por el gobierno nacional, forma parte del intento del gobierno de Uribe Vélez por militarizar la vida universitaria y recortar aún más los derechos democráticos en el alma Mater.
Finalmente como estudiantes, que también somos actores políticos, nos oponemos al referendo y a la reelección de Uribe o alguno de sus secuaces neoliberales que pretenden llevar al país a la entrega total de nuestra soberanía, es así como nos oponemos al traslado de la base militar Norteamericana de manta en nuestro territorio; respaldamos la justa lucha de los camioneros por la rebaja de los combustibles, el pliego de peticiones de FECODE para una educación publica y de calidad en la primaria y secundaria; y abogamos por que desde la universidad se construya un nuevo gobierno al alcance de nuestros sueños y para el interés de los colombianos tomado como ejemplo los vientos de cambio que rodean America Latina.
Estudiantes Uptcistas, Presente, Presente, Presente
Primero de Mayo: Unitario y Combativo!
Abajo la reelección de Uribe Vélez!
Importancia de la elección estudiantil al consejo superior de
Este 19 de marzo de 2009, se estará eligiendo al representante estudiantil ante el consejo superior en un periodo especial, que tiene por delante retos y amenazas.
La crisis financiera y el periodo de consolidación de reformas académicas que profundizaran las políticas de acreditación que han dejando mas frustraciones que avances en materia de calidad, frente a una desbaratada y humillante contratación de cuatro meses para docentes ocasionales, catedráticos, que conducen a un retroceso académico histórico para la universidad. Igualmente se avecina una mayor presión del gobierno de ALVARO URIBE VELEZ, sobre la reestructuración chantajista con la promesa de nuevos recursos sometiendo a la universidad a un debilitamiento de sus programas y los derechos laborales según lo confirma los diálogos que sectores de estamentos universitarios han tenido con el mismo mandatario.
La reforma a la ley 30, que implica la gran batalla nacional que los jóvenes y demás miembros de la comunidad universitaria de todo el país, deben adelantar para que no termine peor el remedio que la enfermedad, la ley 30 debilitó la estructura financiera de universidades como
LUIS GUILLERMO MONROY, es la única persona que garantiza este derecho, a representar los intereses del estudiantado, devolverle credibilidad a las movilizaciones tanto las locales como las nacionales y tiene la tarea de ayudar a fortalecer la lucha de todos los boyacenses por la defensa de
PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ
CONCEJAL DE TUNJA
PDA
Consultar http://eldebateboyacense.blogspot.com/
Articulos y Notas de Actualidad
Aurelio Suárez Montoya,
A la hora de los balances finales se usa definir el personaje del año. Analistas, medios de comunicación y distintos centros seleccionan, acorde con el impacto de los hechos acaecidos o con la concordancia de estos con los fines que las distintas instituciones persiguen, a quien o a quienes representen una enseñanza para la sociedad o que con su ejemplo marquen rumbos hacia delante. Al mirar en retrospectiva los acontecimientos, bastantes calamitosos por cierto, la escogencia para 2008 no resulta fácil
Sin duda, tiene máxima relevancia el “infarto neoliberal”, con epicentro en Wall Street, que hizo una ruptura -con secuelas todavía incalculables- en el ciclo de “crecimiento económico” que terminó con el estallido de la burbuja especulativa plena de toda suerte de pirámides. Y, concomitante con esto, la derrota casi sin precedentes del partido republicano en Estados Unidos y el recambio que conlleva en nuevas políticas en el firme propósito bipartidista norteamericano de conservar la hegemonía. Contradicciones entre Europa y
La realidad nacional inmediata brinda, en medio de todo, un modelo digno de resaltar. En las retinas de millones de colombianos persisten las imágenes de decenas de miles de indígenas marchando por las carreteras de Colombia, desde el Cauca y todos los resguardos del país. En Minga. El observador común supone que fue un acto de protesta pública y pacífica por reivindicaciones étnicas, que es también una de las versiones oficiales, la amable. La otra, la que el gobierno prefiere, y con la cual justificó su crueldad contra
No obstante, y por eso
¿No une al 90% de los colombianos la prédica por un nuevo modelo de desarrollo cuando el vigente, el del “libre comercio”, el de los TLC, está explotando en átomos? ¿Sólo cobija a los pueblos indígenas el que se reverse la “legislación de despojo”, entre las que fácilmente podría incluirse no sólo el Estatuto Rural sino también las privatizaciones y los megaproyectos expulsores de miles de familias, entre otros? ¿Es exclusivo de esas comunidades demandar protección frente a un régimen que está mancillado, y más todavía en su condición de autoridad, con miles de casos criminales de sus agentes contra la población civil?¿ Compete apenas a los indios demandar que Colombia tenga una agenda propia, no dictada por extraños; en otras palabras, que ejerza su soberanía?
Si bien estos puntos de cohesión son la cara visible de
COLOMBIA ENFERMA
Por Helena Villamizar García-Herreros
Cientos y quizás miles de colombianos desempleados, campesinos pobres o indigentes han sido asesinados por miembros de las fuerzas militares para reclamar éxito en sus acciones en un conflicto interno que, según el gobierno, no existía. No hay palabras para calificar estos hechos macabros, como tantos otros en los que miembros del ejército colaboraron con el paramilitarismo y sus crímenes de lesa humanidad. Pero a pesar de su aterradora dimensión esta realidad era ignorada o bien convenientemente ocultada, puesto que como lo han informado los medios, desde hace mucho existían miles de denuncias. Nada justifica por lo tanto no haber actuado. La inacción frente a las denuncias reclama la responsabilidad política del presidente y del ministro de Defensa; ella no puede limitarse a simples destituciones de militares por alto rango que ellos ostentaran. Pues ante estos infames y repetidos hechos, el gobierno "o bien lo supo y lo consintió, o lo ignoraba debiéndolo saber", como alguna vez dijo Laureano Gómez. Y más delicado aún, ante las denuncias "El gobierno convirtió en práctica desmentir primero, averiguar después y, finalmente, aceptar ante la evidencia", como afirmó Oscar Collazos. Basta recordar cómo frente a las "investigaciones" por los desaparecidos en Soacha, el presidente declaró ante los medios que dichos jóvenes no habían ido a sembrar café; tachando así de delincuentes a personas cuyo delito era carecer de recursos para vivir una vida digna en el territorio que los vio nacer. Con la misma facilidad se estigmatiza las luchas de los corteros de caña y las de los indígenas. Jorge Orlando Melo en "El Retorno de lo reprimido" recordó cómo hace ¡ochenta años! tampoco los recolectores de banano tenían un salario justo y tampoco eran "asalariados" de
Los "falsos positivos" no fueron únicamente los sucesos de Soacha. Ocurrieron a lo largo de la geografía nacional. Tan sólo cuando la comunicad internacional lanza numerosas alertas y cuando Clara López, una vez más, como en el caso de la parapolítica, denunció con valentía que podría tratarse de macabras desapariciones, salieron a la luz estos atroces crímenes. Recordemos que las ONG que denunciaban eran calificadas de aliadas con los terroristas, y que la marcha contra el paramilitarismo, en la que fotos de miles de desaparecidos la acompañaron, el inefable asesor presidencial José Obdulio Gaviria también la estigmatizó como si fuera de origen terrorista.
Infortunadamente ésta no ha sido la única inacción frente a delitos de lesa humanidad; millones de desplazados, despojados de absolutamente todo, rebajados en su dignidad, también han sido invisibles para la administración Uribe a pesar de que el desplazamiento aumentó en estos años, según Codhes.
El gobierno no podía verlos pues estaba demasiado ocupado en diseñar incentivos para los grandes inversionistas y en particular para el capital extranjero; estímulos que resultarán a la economía tan nocivos como los diseñados por las fuerzas armadas que han resultado en tantos y tan perversos "falsos positivos". Y en medio de la lluvia de beneficios al gran capital, el censo de 2005, según Consuelo Corredor, reveló que 93% de los desplazados se encontraban por debajo de la línea de pobreza, es decir ¡casi el 100% eran indigentes; tres millones o más de colombianos, los más desvalidos entre los vulnerables y además víctimas de la guerra a las que las políticas han debido brindar espacialísima atención! Pero la administración Uribe les dio la espalda, a tal punto que
Colombia está gravemente enferma como lo revelan los gravísimos delitos de lesa humanidad y la crisis humanitaria que viven millones de ciudadanos. Su enfermedad no es ajena al modelo de desarrollo seguido, como lo revela su elevada tasa de desempleo, y la precariedad del empleo, sin duda caldo de cultivo de estas situaciones escalofriantes, y ante lo cual la administración Uribe nada ha hecho. La mayor tasa de desempleo en América Latina, con excepción de República Dominicana, no es un problema técnico, inmanente al progreso del mundo y sus descubrimientos. Por el contrario, es el resultado de definiciones políticas, de prioridades que emanan de una visión ética y moral sobre quienes merecen atención e incentivos. El abandono de la tasa de cambio al mercado, la política fiscal, la asignación del gasto público y la tributación son campos donde se expresa con toda claridad la inclinación de quienes diseñan las políticas a favor de determinados grupos. Los resultados son elocuentes. Colombia experimentó un profundo deterioro distributivo pasando a ocupar el octavo lugar entre los que tienen la peor distribución de ingreso del planeta, frente al décimo primer lugar anteriormente a la administración Uribe, y más grave aún bajo el marco de bonanza económica. Con cuanta razón dice Stiglitz, "la política fiscal puede considerarse como una declaración concreta de nuestros valores".
La grave realidad colombiana no es ajena a la situación social de hambre y miseria que alimenta la violencia. Las políticas económicas seguidas sin duda han exacerbado las raíces de estos males, como lo revelan los hechos contrarios a la supuesta "seguridad democrática", la cual con certeza no cobija a los más desfavorecidos y se ha ensañado en ellos. El modelo seguido debe modificarse radicalmente y en particular el gasto en defensa, cuya ineficiencia y aberrantes prioridades e incentivos se han evidenciado. En lugar de prevenir la inserción a grupos armados mediante inversión social y creación de oportunidades, se asesinaron ciudadanos a quienes la sociedad no les garantizaba un empleo. Por supuesto muchísimos militares son valiosísimos, como la mayoría de colombianos son gente de bien, pero ciertos intereses mezquinos han hundido a Colombia en un abismo del que hay que salir cambiando el rumbo en los valores expresados en las políticas económicas.
Fuente: EL NUEVO SIGLO
Desde hace 10 días los trabajadores del sector azucarero paralizaron las actividades ante la falta total de respuesta a su pliego petitorio. Sirel dialogó con Adolfo Tigreros, secretario de Relaciones Intersindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores Corteros de Caña (SINALCORTEROS), quien realizó una puesta a punto de la situación.
-¿Cuáles son los antecedentes de este conflicto?
-Este conflicto se remonta al año 2000 cuando dos ingenios azucareros establecieron una cooperativa de trabajo asociado con contratistas que incumplían todos los derechos laborales de los trabajadores. No pagaban seguridad social a pesar de que se las descontaban, les pagaban por menos trabajo de que el que realmente hacían y les otorgaban préstamos cuyos intereses eran de 10 por ciento semanales. Además estos contratistas tenían tiendas donde vendían productos de la canasta básica familiar con sobre costos del 30 y 40 por ciento.
Las condiciones laborales además de ser precarias son absolutamente inhumanas, el trabajador corta una tonelada y gana aproximadamente 3 dólares sin derecho a nada más.
En el 2005 los corteros realizaron paros por ingenio casi espontáneamente, porque no existía organización, y se logró expulsar a esos contratistas, pero no las cooperativas.
Actualmente lo que queremos es erradicar esas cooperativas de trabajo asociado para que la contratación sea directa. Hemos logrado un grado de organización y de conciencia en los trabajadores que permitió agruparnos. Además de reivindicar la contratación directa estamos planteando un pliego petitorio común para todos los corteros de caña y para todos los ingenios.
-¿Cuál es la situación actual?
-Llevamos 10 días de paro, el 95 por ciento de la producción de etanol de estos ingenios está paralizada. Estamos resistiendo porque los ingenios no quieren negociar las peticiones únicas que hicimos y esperando que con estas medidas de fuerza este año haya una negociación ya que los empresarios pareciera que quieren vencernos por desgaste, o como dijeron directamente por “aguantar hambre”.
-¿Y el gobierno se ha manifestado ante esta realidad?
-Hasta el momento el gobierno no ha dado señal, no ha hecho absolutamente nada por los trabajadores, todo lo contrario, están en la tarea de desvirtuar con informaciones falsas para poner a la opinión pública contra el movimiento. Por ejemplo han dicho que subirá el precio de la gasolina porque no se está produciendo etanol, cuando aquí el etanol es más caro que la gasolina. Lo único positivo es que hay algunos congresistas amigos que están haciendo presión hacia los empresarios para que se inicie la negociación.
-Cómo está el ánimo de los compañeros
-Los corteros estamos con la moral en alto, no estamos dispuestos a dejarnos vencer porque consideramos que nuestra lucha es justa. Reivindicamos el simple derecho a la contratación directa, porque con este grado de tercerización no hay garantías para el trabajo, ni la educación, ni la salud, ni la vivienda.
Por eso requerimos la solidaridad con nuestro movimiento para colaborar con los 9.000 corteros que están con sus familias en las carpas de huelga
FALLECIÓ HOY EL SECRETARIO GENERAL DEL MOIR, HÉCTOR VALENCIA HENAO
Comité Ejecutivo Central del MOIR, Bogotá 19 de septiembre de 2008.
Héctor Valencia Henao, Secretario General del MOIR, falleció hoy en Bogotá a las 2:00 pm.
Héctor Valencia nació en Manizales en 1935, fue uno de los fundadores del MOIR y Secretario General desde
Héctor Valencia batalló hombro a hombro junto a Francisco Mosquera por construir en Colombia un partido de la clase obrera. Su vida y sus extraordinarias capacidades estuvieron enteramente dedicadas a la causa de los trabajadores.
Durante largas décadas acompañó la tarea de abrirle paso a una corriente democrática y antiimperialista que consiga unir a las inmensas mayorías para hacer realidad la segunda independencia, cimentar una nueva democracia y sacar a Colombia del atraso.
Héctor Valencia dedicó los últimos años de su vida a esclarecer el rumbo de los destacamentos avanzados en la lucha contra la recolonización norteamericana y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue un entusiasta promotor de la unidad de la nación y dio pleno respaldo a los acuerdos programáticos que permitieron fundar en 2005 el Polo Democrático Alternativo.
La muerte de Héctor Valencia Henao constituye una inmensa pérdida para los patriotas y demócratas de Colombia. La velación se realizará a partir de mañana sábado 20 de septiembre a las 9 de la mañana en
Un saludo a los amigos y estudiantes de
Lo siguiente es una invitación a los que nos han conocido durante varios años y a los que nos empiezan a conocer en la lucha por la defensa de una educación pública, democrática, científica y financiada por el estado y en especial la defensa de
La arremetida de la política del Gobierno contra
El déficit que afronta
Por esa razón invitamos a votar por nuestros candidatos para las elecciones ante el comité electoral de
El 28 de agosto vota para representación estudiantil ante el comité electoral por:
ANDREA DEL PILAR QUEVEDO
-Por un Comité electoral al servico de los estudiantes
Por fortalecer los espacios democráticos de los estudiantes con participación de la gran mayoría
- Contribuir a la formación del Consejo Estudiantil UPTCista
-Mantener informados y ejercer una relación con los estudiantes, sobre las sesiones del comité electoral.
Un saludo fraternal
cordialmente
ANGELA QUEVEDO
Ex- Representante Consejo Académico
Sede Central
UPTC
EL PORQUE SALIR A MARCHAR CON LOS LECHEROS...
El ministro Arias destapó que sus decretos contra el comercio de leche cruda para hervir son para favorecer el oligopolio pasteurizador”, dice Robledo
Jorge Enrique Robledo
Jueves 31 de ju costo de la vida aumentaría en 2.7 billones de pesos al año. Y no se favorece a los ganaderos
Refiriéndose a una información de Portafolio del viernes 25 de julio pasado, donde el ministro de Agricultura afirmó: “Estamos trabajando para que los agroindustriales (pasteurizadores) puedan absorber más producto y, a su vez, sea menor la cantidad que entre por los canales informales (cruderos)”, el senador Jorge Enrique Robledo afirmó que “con todo el descaro, el ministro Arias destapó que sus decretos contra el comercio de leche cruda para hervir son para favorecer al oligopolio de la pasteurización”.
El senador del Polo Democrático Alternativo explicó que la anterior opinión de Arias contra los cruderos la emitió en el contexto de cómo mejorarles el negocio a los monopolios pasteurizadores, “explicando así por qué los decretos que prohíben el comercio de leche cruda no se apoyan en las normas de
Y como Arias, según Portafolio, explicó que las pasteurizadoras comercializan la mitad de la leche que se consume en Colombia, el senador Robledo dijo que “el costo de la vida se incrementará en 2.7 billones de pesos al año”, porque el país consume en total seis mil millones de litros de leche y los de cruda para hervir los compran los consumidores a novecientos pesos, en tanto que la leche pasteurizada más barata cuesta alrededor del doble.
El senador Robledo señaló que es falso que el fortalecimiento del oligopolio pasteurizador favorezca a los ganaderos. Porque se sabe que los pasteurizadores fijan a su antojo los precios de compra al ganadero y porque la existencia de los comerciantes de leche para hervir (cruderos), por la competencia que generan, presionan al alza los precios al productor.
Oficina de Prensa
Senador
Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 15 de Agosto de 2008
TODA NUESTRA SOLIDARIDAD Y APOYO
A LOS INDÍGENAS DEL CAUCA
Ante las recientes amenazas proferidas contra el Consejo Regional Indígena del
Cauca y
manifiesta su respaldo al proceso de resistencia y lucha democrática,
emprendido por estos cabildos y los de todo el país.
Su organización y determinación son un ejemplo a seguir por quienes, desde
diferentes escenarios, luchamos contra el modelo neoliberal, que mantiene en el
atraso, la miseria y el hambre a millones de ciudadanos en nuestra nación.
Políticas que –además–, el gobierno de Uribe pretende hacer irreversible
por medio de la suscripción de Tratados de Libre Comercio, como el que
negoció Colombia con Estados Unidos, al cual los indígenas se han opuesto
férrea y valientemente, y los actuales que pretende suscribir el gobierno con
Canadá,
ellos profundizarán la actual condición de expoliación y destrucción de los
recursos naturales, el agua, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, es
decir, atentan de forma grave contra el bienestar de nuestros ciudadanos, la
existencia de una agricultura familiar y
Es en el marco de esta estrategia neoliberal que hoy estas organizaciones son
amenazadas, queriendo presionarlos para abandonar las luchas por sus
reivindicaciones sociales, que desde RECALCA respaldamos y suscitamos. Por esta
razón, manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento, reafirmando que
continuaremos promoviendo la resistencia y la movilización del pueblo
colombiano para derrotar este modelo económico que se le impone al país.
57 Razones para no apoyar a Uribe
!Colombia se merece una mejor alternativa! Lo que vas a leer deja un evidente manto de duda sobra la gestión del actual presidente Uribe, y serias reservas sobre lo que podría hacer, ya apuntalado en el poder, en su próximo período, panorama que en otro país –o tal vez en este en otra época- sería motivo suficiente para que dejara el cargo. Es importante reflexionar seriamente a la hora de votar, y no dejarse llevar simplemente por el carisma. La historia enseña que los regímenes autoritarios poco le han aportado al bienestar y desarrollo del país.
1) Porque aumentó la edad para pensionarse: la mujer a los 57 años y los hombres a los 62;
2) Porque aumentó de
3) Porque eliminó la mesada 14 o prima de junio a los pensionados;
4) Porque acabó con los quinquenios y las primas de antigüedad;
5) Porque cerró y ordenó liquidar más de 18 hospitales;
6) Porque es responsable de que los jóvenes no tengan estabilidad laboral ni prestaciones sociales. Solo contratos de 3 o 4 meses, con salarios indignos y todo, porque la ley 50/90 arrasó con el derecho al trabajo y Uribe fue su defensor y ponente en el Congreso.
7) Porque eliminó más de 30.000 empleos públicos y despidió a otros tantos trabajadores;
8) Porque subió el IVA del 8% al 16%.
9) Porque no tuvo voluntad de rebajar las tarifas de servicios públicos, que dependen de la ley y del gobierno nacional.
10) Porque cuando era Senador sustentó la ley 100/93 que convirtió el servicio de salud en un negocio en donde solo importa las ganancias y no la calidad de vida de los pacientes;
11) Porque manejó el congreso como quiso hasta prostituirlo, sin embargo no radicó ninguna ley sobre protección social en pensiones y salud para más de 10 millones de ancianos desprotegidos;
12) Porque la gasolina la sube mes a mes hasta hacerla la más cara del mundo;
13) Porque mediante la resolución 013 de 2005 ordenó acabar con las primas de servicios y técnicas. Con vistas a la reelección esa resolución fue derogada, pero ya quedan notificados de que pasará si lo reeligen. Su objetivo es reducir los salarios a menos del $ millón para los profesionales, mientras que a los altos funcionarios les autoriza en el mes de junio un reajuste de 4 primas adicionales. Así, estos últimos devengan casi $ 130 millones en junio;
14) Porque el Plan Patrióta que implementa en el sur del país tiene un fuerte impacto ambiental, agencia la concentración de la tierra, viola los derechos humanos, criminaliza e involucra a quienes no tienen que ver con el conflicto en él, y permite la intervención militar y la presencia permanente de tropas extranjeras en nuestro territorio, coincidencialmente en zonas ricas en carbón, gas, petróleo, biodiversidad, y el mas importante de todos los recursos: Agua.
15) Porque fue el único Presidente de Sur América que apoyo la invasión y el genocidio del pueblo de Irak para robarle su petróleo, un apoyo a una guerra ilegal e ilegitima que atenta contra una tradición internacionalista de varios decenios en Colombia
16) Porque ha despilfarrado más de $27 mil millones diarios en su inútil y estéril guerra mientras se empecina en ignorar que la violencia la genera el hambre, el desempleo y la falta de ingresos;
17) Porque buscó regalar a TELECOM, después de propiciar su ruina;
18) Porque nombró de ministro a Londoño Hoyos y al general Plazas jefe de estupefacientes: el primero estuvo implicado en le escandalo de las acciones de INVERCOLSA y el segundo no dejó piedra sobre piedra en el Palacio de Justicia;
19) Porque no permitio que indemnizaran o repararan a las victimas de la violencia ni que se supiera la verdad sobre los crímenes en Colombia;
20) Porque hizo aprobar su propia reelección, pero negó la de otros funcionarios;
) Porque el único empleado público que puede hacer política es el Presidente;
22) Porque permitió que haya impunidad por los delitos cometidos por los estadounidenses, mientras es implacable con los colombianos a quienes remite a las cortes de Estados Unidos, para que los juzguen en otro idioma y sin derecho a la defensa; y de donde en varios casos han sido devueltos.
23) Por que perpetùa la hipócrita guerra contra el narcotráfico, que lo unico que hace es volver mas lucrativo el negocio, (sobre todo para el sistema financiero del primer mundo) desconociendo que la verdadera raìz del problema no es la producción sino el consumo y la demanda, y que cada vez aumentan mas los cultivos, a la par con las viudas y huerfanos de esa guerra.
24) Porque regaló a GRANAHORRAR, al venderlo en menos de lo que al pueblo le hicieron pagar para sacarlo de la quiebra;
25) Porque sin carácter se dejó imponer el TLC que arruinara el campo y el sector textil, farmacéutico, agropecuario y hasta la televisión nacional;
26) Porque han expropiado a los narcotraficantes más de $30 billones y nadie rinde cuentas ni sabe a qué bolsillos han ido a parar.
27) Porque existen denuncias en los medios según las cuales desde que es presidente ha estado comprando lotes alrededor de su hacienda 'El Ubérrimo' (que tiene cerca de dos mil hectareas: Bogotá toda tiene como tres mil, comparen) en Córdoba y nunca será bien visto que un presidente se enriquezca mientras ejerce el cargo.
28) Porque reconoce como valor supremo de una sociedad la seguridad (donde queda la igualdad, la justicia, la libertad???????) y solo habla de 'Estado de Derecho' cuando
29) Por que su política de seguridad democrática desdibuja la noción de derechos humanos, dado que estos son prerrogativas que se ejercen frente al Estado, y no frente a grupos armados al margen de la ley, como lo quiere dar a entender.
) Por que su política de seguridad democrática con sus detenciones masivas y redes de informantes, ha servido para que, una vez liberados los detenidos por violación del debido proceso e inexistencia de pruebas, sean asesinados, coincidencialmente, por fuerzas oscuras.
31) Por que su política de seguridad democrática predica y practica el involucramiento de la población civil en el conflicto armado, desconociendo el principio de distinción y otros preceptos del derecho de la guerra, o derecho internacional humanitario.
32) Por que atacó públicamente a los defensores de derechos humanos en Colombia, llamándolos 'voceros del terrorismo' por cuestionar su política de seguridad antiterrorista
33) Por que desconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, lo que impediría la operancia del Derecho Internacional Humanitario, que lo único que busca es la humanización del horror de la guerra y la protección de quienes no participan directamente en las hostilidades
) Porque las detenciones masivas, injustas y arbitrarias, generan responsabilidad del Estado con deber de indemnizar a los afectados, mediante el pago de millonarias condenas con cargo al erario público, dinero que se podría destinar a otros rubros mas importantes.
35) Porque en Cajamarca Tolima hubo una masacre perpetrada por el Ejército (y esto ha sido comprobado por
36) Porque existen denuncias serias sobre fraude electoral en los comicios donde resultó electo presidente, y las denuncias no provienen de la oposición, sino de un alto funcionario del gobierno, salido de sus entrañas: El director de informática del DAS.
37) Porque existen denuncias serias de importantes medios de comunicación sobre vínculos estrechos entre el DAS y los paramilitares, unidos para acabar con estudiantes, profesores universitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes de oposición, mediante la entrega de información de inteligencia a las autodefensas, todo con recursos públicos
38) Porque ante las denuncias el presidente Uribe en vez de depurar las instituciones y adelantar las investigaciones correspondientes, la emprende contra la prensa, -que inclusive lo apoya en Colombia- como si quien denuncia el hecho -y no quien lo comete- fuese el responsable del escándalo.
39) Por que en los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado Colombiano frente a las victimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, se ha negando rotundamente asistir, no obstante reunir en sí la condición de jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Seguro es para él una enorme humillación pedir disculpas en nombre del Estado a las víctimas
40) Por que
41) Porque ha dejado ver su displicencia por la constitución de 1991, y no ha ocultado su interés de modificarla para mal e inclusive sustituirla, a pesar de que es considerada la carta política mas proteccionista y garantista del mundo.
42) Por que tuvo la desfachatez de nombrar como ministro del interior a Fernando Londoño, quién públicamente ha expresado su desprecio por la carta de 1991, y se atrevió a atacar a la rama judicial, por lo que fue ejemplarmente sancionado con inhabilidad de doce años por la procuraduría.
43) Por que las entidades encargadas de reforma agraria y manejo de tierras en Colombia FINAGRO e INCODER, se han visto envueltas en escándalos sobre la adjudicación irregular de tierras y créditos a poderosos terratenientes en Colombia, mientras los desplazados se mueren de física hambre en las ciudades. Según los funcionarios implicados el ministro de agricultura ha sido cómplice de ello. Se da todo a los víctimarios y se ha desprotegido a las víctimas
44) Porque los derechos de las victimas de violaciones a los derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral se van afectados por la mal llamada ley de justicia y paz, impulsada por el gobierno de Uribe, que desconoce los estándares internacionales que el derecho internacional de los derechos humanos consagra en materia de derechos de las víctimas.
45) Por que personas investigadas por
46) Por que durante su gobierno el cultivo de palma africana de aceite, el 'desierto verde' se ha extendido por todo el país, por medio del desplazamiento y el despojo de tierras de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescedientes
47) Porque durante su gobierno las comunidades indígenas Arhuacas, Koguis, Wiwas y kankuamas han sufrido exterminio a manos de los diferentes actores del conflicto, sin que el gobierno haya hecho mayor cosa para impedirlo, constituyéndose en una vergüenza internacional para Colombia.
48) Porque impulsó la ley forestal, que abre las puertas a la mercantilización y explotación indiscriminada de los bosques y selvas colombianos, desconociendo parámetros internacionales del derecho ambiental en la materia.
49)Porque desobedeció la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no negociar y firmar un TLC lesivo a los derechos colectivos de los Colombianos.
50) Por que ante la masacre de San José de Apartadó, donde murieron niños menores de doce años y los miembros de la comunidad señalaron a algunos soldados del Ejército como responsables, el presidente no condenó la masacre ni solicitó el impulso de las investigaciones, si no que señaló a la comunidad de San José como influenciada por la guerrilla.
51) Por que plantea una reforma a la justicia para minar la independencia de la rama judicial del poder, recortando funciones a
52) Por que su ministerio de educación está adelantando una reforma académica en
53) Por que su gobierno manipuló las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas para presentar la situación de desempleo, lo que motivó la renuncia del director de la entidad. De hecho ha cambiado la metodología para medición de la pobreza, con el objeto de sostener que en su gobierno esta ha bajado (¿?) por lo que ha mantenido una controversia pública con economistas y académicos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de
4) Por que negoció un TLC con los Estados Unidos en condiciones inequitativas para Colombia. Mientras los EU subsidian a sus agricultores, Colombia no lo hace con los suyos, y permitirá que ingresen sin arancel productos con subsidio estatal americano (eso es libre comercio?) a competir con productos colombianos sin subdsidio. Y porque se niega a convocar una consulta popular sobre el tema. Si el pueblo colombiano quiere TLC. ¿A que le teme Uribe? Y si no lo quiere ¿Por qué lo firmó?
55) Por que al ser reelegido tendrá la posibilidad de incidir políticamente –dado su inmenso poder- en la elección de procurador, contralor, y magistrados de altas cortes, (ya lo hizo con fiscal general –que anteriormente era su viceministro de justicia- y congresistas, que son de su círculo) para que quede gente de sus afectos, destruyendo de esa forma el sistema de contrapeso de poderes de las democracias modernas; como decían del PRI en México 'la dictadura perfecta'.
56) Por la hipocresía que representá el defender, de manera enferma, la legitimidad de un congreso que tiene mas de ochenta procesados, e incluso condenados, por parapolitica, todos de la colaición uribista, uno de ellos Mario Uribe, quien mas que primo era su brazo derecho en la politica. 'Curioso que su lider politico no tenga nexos con el paramilitarismo...'
57) Por el exabrupto de no reconocer el desastre politico que representa el hecho de tener que deberle la reelección a yidis medina a cambio de dadivas y cuotas burocraticas, y en cambio emprenderla contra
Todo lo anterior deja un evidente manto de duda sobra la gestión del actual presidente Uribe, y serias reservas sobre lo que podría hacer, ya apuntalado en el poder, en su próximo período, panorama que en otro país –o tal vez en este en otra época- sería motivo suficiente para que dejara el cargo.
Es importante reflexionar seriamente a la hora de votar, y no dejarse llevar simplemente por el carisma.
La historia enseña que los regímenes autoritarios poco le han aportado al bienestar y desarrollo del país.
Llamado a defender
Que el modelo de gobierno representado por Uribe Vélez, no le sirve a los pobres de Colombia ya lo sabemos. Pero que en su proyecto vende-patria, nos quite la fuente de vida que es el agua, no lo permitiremos. Desde la apertura económica (génesis de la privatización en Colombia), en el gobierno de Cesar Gaviria, hemos observado que lo único que le interesa, a los mandatarios representantes del neoliberalismo, es privatizar las empresas del estado, y por si hay alguna duda miremos la salud y su cruel ley 100, el caso de telecom, la venta de las electrificadoras, Ecopetrol, los bancos, etc… Hasta el momento los únicos que se pronunciaban eran los líderes sindicales de las empresas, los líderes sociales afectados como usuarios de los servicios y los que siempre hemos defendido la soberanía nacional.
Los tiempos han cambiado y de la misma forma como los medios aumentan la manipulación de las masas, se ha aumentado el frente de lucha contra las políticas pro imperialistas y autoritarias del régimen de Uribe y su modelo privatizador. Es así, como surge la iniciativa popular, de recolectar firmas y hacer que lleguen al congreso, para que se apruebe el llamado al pueblo colombiano a una consulta popular y que quede consagrado dentro de la constitución, una ley que nos garantice el acceder a un mínimo de agua gratuita, además que sea potable y manejado por el estado, mas no por el capital privado de las transnacionales explotadoras (tanto del recurso natural, como del obrero), que en ultimas es lo que quiere Uribe. Agregando a la ley que todos construiríamos, la conservación de las fuentes hídricas y del agua en todas sus formas naturales.
Pero para llegar a que en Colombia exista ésta ley, primero debemos participar activamente en la recolección de firmas que son un millón quinientas mil, y el plazo es hasta el mes de agosto. Necesitamos de todas las personas que quieran preservar el agua como un derecho prioritario a que se vinculen, y nos ayuden desde su propia firma y si desean colaborarnos en la recolecta desde su casa, barrio, o en los diferentes barridas que se han programado en la ciudad.
El llamamiento es a defender el agua, o mejor la vida, por que sin ella no hay vida, y si el modelo neoliberal de Uribe Vélez, nos vende los acueductos y privatiza la riqueza hídrica de Colombia, nos esta condenando a la muerte.
Por que el agua es de todos le digo no a la privatización!
El referendo por el agua es la forma en que el pueblo le dice a Uribe, NO más privatización, NO más neoliberalismo, NO más explotación de recursos naturales por parte de las transnacionales, NO más Uribe y su política!!!
MAURICIO CASTAÑEDA
Estudiante Ciencias Sociales UPTC-Tunja
Organización Colombiana de Estudiantes –OCE-
